HOJAS INFORMATIVAS

26 de abril de 2005

El derecho de los opositores guineanos a organizar golpes de estado desde España

   Bastó que en las conclusiones del viaje a Guinea del ministro Moratinos se criticase el intento de golpe de estado de marzo de 2004 y la intención española de controlar a algunos de sus supuestos organizadores para que buena parte del exilio guineano empezase a hablar de falta de libertad, de excesivo control en sus actuaciones. La verdad es que ni en los últimos meses, ni en ningún otro momento, que nosotros recordemos, la oposición guineana en España  ha visto limitada sus actividades. Los opositores guineanos se reúnen libremente entre sí y con los españoles o extranjeros que quieren, publican, hacen declaraciones, se organizan y viajan dentro y fuera de España sin otra limitación que sus propias posibilidades. No tenemos noticia de prohibición alguna.

   ¿De qué se trata entonces? Aparentemente (insistimos que aparentemente) se estaría limitando el derecho de los opositores guineanos a organizar golpes de estado desde España. Dicho así podría parecer que los exilados políticos guineanos no han hecho otra cosa en los últimos tiempos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Una parte importante del exilio no cree en este procedimiento, otra lleva años hablando de golpes de estado pero sin pasar de ahí y solo un grupo muy reducido ha recurrido efectivamente a ellos. Personas bien informadas indican que estos últimos han llegado a participar en siete (u ocho) intentonas de golpe en el periodo comprendido entre 1994 y 2005, lo que demostraría una gran afición por este método, pero una escasa habilidad a la hora de manejarlo. 

   Cabe la posibilidad de que todo esto pudiera enjuiciarse desde el punto de vista de los derechos, pero nosotros creemos que se ve más claro desde las obligaciones, y entre las obligaciones de quienes quieran preparar un golpe de estado está, de manera imprescindible, la discreción (en realidad, el más estricto secreto, la búsqueda del "factor sorpresa") ante las autoridades guineanas y la voluntad de no crear problemas al país anfitrión (al país desde el que se actúa), en varios de estos casos, España. Una notable característica de la mayoría de las siete (u ocho) intentonas guineanas ha sido su publicidad. Sus autores no sólo no han ocultado sus intenciones, sino que han hablado de ellas abiertamente, así como de detalles precisos tales como fechas, plazos...

   En realidad, buena parte de los guineanos que hablan de golpes de estado tampoco enfocan esto desde el punto de vista de los derechos. Lo que buscan es una obligación. La supuesta obligación española (de esta administración o de cualquier otra) de apoyar los intentos de golpe o, más incluso, la obligación española de desplazar del poder, mediante un golpe de mano, al dictador Teodoro Obiang Nguema.

   Detrás de estos planteamientos está la idea, anticuada y poco democrática, de que debe ser España quien designe a un líder guineano para que encabece la transición en su país y que debe utilizar (España) cualquier procedimiento hasta instalarlo en  en la Presidencia de Guinea. 

   De esto es de lo que se quejan, en realidad, los opositores guineanos que hablan de golpes de estado y la insatisfacción por lo que consideran un "incumplimiento" por parte española está en la base de buena parte de los  comportamientos de aquellos  otros opositores que han llegado a organizarlos.

   ¿Decimos que las autoridades españolas deben hacer caso a esta parte del exilio guineano? Evidentemente no. Creemos que las autoridades españolas deben explicarse mejor ante estos y el resto de los guineanos y, como hemos dicho muchas veces, deben encabezar a la "comunidad internacional" hacia un pacto (implícito o explícito) con la oposición democrática guineana que permita una transición democrática y pacífica; una transición en la que se de la palabra no a este, o a aquel, dirigente guineano sino al pueblo guineano en su conjunto.

   Sin embargo, estamos en estos días a la espera del desenlace de la "desaparición" de Severo Moto. Si llegara a confirmarse su muerte y la complicidad en ella del régimen dictatorial de Teodoro Obiang Nguema, si se trata de un crimen de Estado, las autoridades españolas deberían abandonar su táctica de "pequeños pasos", de ir avanzando "pasito a pasito" [una táctica que no ha dado un solo fruto en dos meses]. Habríamos entrado, en nuestra opinión, en una fase decisiva. Democrática y pacífica, pero que exigiría una solución inmediata, urgente.

Editado y distribuido por ASODEGUE

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