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HOJAS INFORMATIVAS
21 de abril de 2003
¿LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS
ANALIZARÁ EL CASO DE GUINEA ECUATORIAL?
Si en los dos
últimos años las resoluciones de la Comisión
de Naciones Unidas han sido favorables al
gobierno guineano podría suceder que en la
sesión de este año, la número 59, ni tan
siquiera se analizase el caso de Guinea
Ecuatorial. Los votos del "grupo
africano" impulsaron en el año 2001 una
resolución favorable a la dictadura guineana.
Esos mismos votos suprimieron en 2002 la figura
del "relator especial" que venía
manteniéndose desde 1979 y que suponía para los
demócratas guineanos la garantía de que la
comunidad internacional "observaba" a
su país y que los abusos y los crímenes del
régimen de Obiang podrían no quedar impunes.
¿Ha mejorado en el 2002 la situación de los
derechos humanos en Guinea? Evidentemente no.
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A partir
del 14 de marzo de 2002 el gobierno
guineano, pretextando un intento de golpe
de estado que nunca pudo probarse,
desató una oleada represiva que llevó a
las cárceles a unas 400 personas. La
gran mayoría de ellas fueron objetos de
torturas y de todo tipo de vejaciones;
144 fueron llevadas ante un tribunal
entre los días 23 de mayo y 9 de junio.
Buena parte de ellas mostraban signos
evidentes de torturas. Unos 60 encausados
denunciaron estos hechos ante el tribunal
y describieron las torturas a las que
habían sido sometidos.
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El juicio
celebrado en el cine Marfil de la capital
del país careció de todo tipo de
garantías. Los abogados defensores sólo
dispusieron de una parte del sumario y
ello 24 horas antes del comienzo de las
sesiones. El ministerio fiscal fue
incapaz de probar ni una sola de las
acusaciones que se hacían a los
detenidos. El tribunal se negó a
reconocer las torturas a que habían sido
sometidos los encausados y dio por buenas
sus declaraciones previas aunque era
claro que la mayoría se habían hecho
para dejar de padecer malos tratos y, en
no pocos casos, habían sido escritas por
los propios policías. Pese a todo esto y
siguiendo instrucciones del dictador, el
tribunal condenó a 68 de los encausados
a fuertes penas de prisión. Entre ellos
se encontraban Felipe Ondó Obiang,
Guillermo Nguema Elá y Plácido Micó.
Los dos primeros son dirigentes de la
FDR; Micó es Secretario General de CPDS.
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El 29 de
abril fue detenido Fabián Nsue,
Secretario General de Unión Popular
acusado de injurias al Jefe del Estado
por unas declaraciones atribuidas a él y
que aparecieron en Internet. Fabián Nsue
fue cruelmente torturado y posteriormente
condenado a dos años de cárcel. Durante
un periodo de tiempo estuvieron en
prisión los máximos dirigentes de los
tres principales partidos opositores.
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Coincidiendo
en fechas con el juicio que se celebraba
en el cine Marfil, 17 ciudadanos
pertenecientes a la etnia bubi fueron
detenidos en un lugar apartado de la isla
de Bioko mientras celebraban unas
ceremonias tradicionales. Sin prueba
alguna, se les acusó también de intento
de golpe de estado. Todos fueron
torturados y a dos de ellos les cortaron
las orejas.
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Los
condenados en el cine Marfil fueron
llevados al penal de Black Beach, cercano
a Malabo, donde volvieron a ser víctimas
de tratos vejatorios y en algunos casos
fueron nuevamente torturados. Se impidió
que fueran alimentados por sus familiares
y la falta de alimentación se convirtió
en un instrumento más de tortura. El 5
de julio murió en el hospital de Malabo,
a donde había sido conducido desde Black
Beach, Juan Ondó Nguema; llevaba cuatro
días sin comer ni beber. El 31 de agosto
murió Juan Asumu Sima, tenía 80 anos,
murió victima de las torturas y la
desatención médica.
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El 12 de
octubre, con motivo de la Fiesta Nacional
guineana, el dictador hizo públicas
medidas de gracia por la que salieron de
la cárcel todas las mujeres detenidas;
cinco de los condenados en el cine Marfil
que habían testificado a favor de las
tesis del gobierno; cuarenta detenidos
pertenecientes a la etnia bubi, que
llevaban en prisión desde 1998 tras de
un juicio carente también de garantías
y el dirigente de Unión Popular Fabián Nsue.
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En
diciembre visitó Guinea el Relator
Especial de Naciones Unidas para la
Libertad de Expresión, Ambeyi Ligabo. Su
informe, hecho público en febrero de
2003, denuncia la situación en que se
encuentran los medios de comunicación
guineanos, pide la libertad de los presos
políticos y es especialmente crítico
con las autoridades. En este mismo orden
de cosas, hay que señalar la salida del
país, a principios de junio, del
periodista Pedro Nolasco tras recibir
amenazas de detención procedentes del
entorno del presidente Obiang. Nolasco
venía manteniendo en sus escritos
posiciones críticas respecto de las
autoridades guineanas.
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La
situación actual de los presos de Black
Beach puede resumirse como sigue: los
más "afortunados" viven en
celdas de 1,5 por 1 metro; en otros casos
son varios los detenidos que comparten
este tipo de celdas. Durante meses no han
podido salir al patio, sólo se les
autorizaba la estancia quince minutos
diarios en el pasillo de su celda. Tras
la visita, a finales de febrero, de una
delegación del Comité Internacional de
la Cruz Roja estas salidas se ampliaron a
dos horas que en algunos casos se hacen
en el patio de la prisión. Reciben dos
comidas diarias una a base de pan duro y
otra, habitualmente, de arroz cocido. No
pueden tener libros, cuadernos etc. No
les están autorizadas visitas de sus
familiares. Las autoridades guineanas
firmaron un acuerdo el pasado octubre con
el CICR en virtud del cual delegaciones
de esta organización podrán visitar
periódicamente a los prisioneros.
Esta situación no es el resultado del
"atraso", sino de acciones delincuentes
llevadas a cabo a través de las estructuras del
Estado por la minoría que controla el país: la
familia del dictador Teodoro Obiang Nguema. A lo
largo de 2002,
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ha
continuado el proceso de
"privatización" del estado en
beneficio de este reducido grupo de
personas. Miembros de esta familia se
apropian de buena parte de las rentas
generadas en los sectores de la economía
guineana con una inserción preferente en
la economía mundial. El propio dictador
y uno de sus hermanos aparecen como
titulares de cuentas (Banca Riggs de
Washington) en las que las compañías
petroleras ingresan una parte de sus
deudas con el estado guineano. Teodorin,
el hijo mayor del dictador ocupa una
posición similar respecto al sector
maderero. Estos mismos u otros miembros
de la familia Obiang se benefician de
empresas que, sin ningún pudor y
utilizando el poder político,
monopolizan las importaciones realizadas
en Guinea por los sectores de la
construcción, el comercio y de una
incipiente economía de servicios. Las
estructuras del gobierno y del partido
gubernamental PDGE sirven como mecanismo
de distribución o de ascenso social para
un grupo más amplio de adeptos al
régimen.
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El 15 de
diciembre tuvieron lugar en Guinea
elecciones a la Presidencia de la
República. La convocatoria se hizo sin
respetar los plazos marcados por la ley y
utilizando en favor del dictador todos
los recursos que le proporciona el
control sobre el Estado guineano. Tras
una campaña llena de incidentes
organizados en buena parte por ministros,
consejeros de Obiang o el propio
Presidente del Parlamento guineano, el
día de las votaciones estuvo plagado de
irregularidades. El partido del gobierno
intentó, una vez más, imponer el
"voto público" (no secreto)
favorable al dictador. Las mesas
electorales, sobre todo fuera de las
ciudades de Malabo y Bata, estuvieron
llenas de militares. Incluso los
observadores internaciones llamados por
Obiang se escandalizaron de las practicas
electorales puestas en marcha por las
autoridades guineanas. Todos los
candidatos, con la excepción del
dictador, se retiraron de las elecciones,
en un ambiente de auténtico escándalo
internacional.
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Con un
Estado sin auténticas instituciones, los
enfrentamientos dentro de la familia
Obiang lastran no sólo su futuro, sino
el de todo el país. Los enfrentamientos
entre la primera mujer de Obiang y su
hijo Teodorin por un lado y los hermanos
del dictador por otra, impedirán la
supervivencia del régimen guineano y
supondrán en su momento un riesgo grave
para la paz en Guinea y en toda la
región.
¿Cómo es posible que esta situación pueda ser
ignorada por Naciones Unidas? Representantes de
la oposición guineana se han hecho presentes en
la Comisión. Sus posiciones pueden resumirse en
los párrafos siguientes:
" 1.
Denunciamos enérgicamente el mantenimiento en
prisión de Plácido Micó Abogo, Felipe Ondo
Obiang, Guillermo Nguema Ela y todos sus
seguidores, encarcelados en Malabo sin causa que
lo justifique, y pedimos la intervención de esta
Comisión ante las autoridades de este país para
que se consiga su libertad inmediata e
incondicional.
2.Denunciamos
asimismo la persecución y la aplicación de la
tortura y otros tratos degradantes e inhumanos
por los dirigentes de Guinea Ecuatorial a sus
propios conciudadanos, únicamente a causa de sus
convicciones ideológicas.
3.Pedimos,
para terminar, que la Comisión restablezca la
vigilancia de las Naciones Unidas sobre Guinea
Ecuatorial en materia de respeto de derechos
humanos y preste la asistencia técnica necesaria
al Gobierno para su mejora."
Pero Naciones Unidas, como en otras
oportunidades, se ha mostrado más como un foro
lastrado por afinidades, pactos o enfrentamientos
entre países y grupos de países, que un ámbito
capaz de reflejar las aspiraciones y los
sufrimientos de los pueblos del mundo. Se ha
tratado, por parte de la oposición guineana, de
buscar patrocinadores para una resolución que
reflejase los tres puntos anteriores:
La delegación de la UE, encabezada por la
representación griega, no ha aceptado, en
principio, presentar una resolución sobre
Guinea. Sus razones parecen basarse, por una
parte, en la experiencia del pasado año, cuando
una iniciativa europea fue modificada
sustancialmente por el "grupo
africano"; por otra, opinan que van a tener
suficiente enfrentamiento con los países
africanos (y quizás también con los asiáticos)
en la discusión de sus propuestas sobre Zimbabwe
y Sudan. Remiten la iniciativa de una posible
resolución a los países miembros y, en todo
caso, preferirían que fuesen otros los
patrocinadores, incluido el propio "grupo
africano".
La representación surafricana, coordinadora del
"grupo africano", ha recibido con
simpatía la propuesta de la oposición guineana
pero ha manifestado que este grupo tiene por
principio no criticar a ninguno de los países
integrantes, ni apoyar resoluciones que vayan en
contra de cualquiera de los gobiernos del grupo.
La representación sueca se ha manifestado al
corriente de los problemas de Guinea Ecuatorial,
su decepción por los resultados del pasado año
y su disponibilidad, en primera instancia, para
presentar la resolución.
Los representantes de México, Canadá, Senegal y
otros, han mostrado su disposición a votar
favorablemente una resolución contraria al
gobierno guineano siempre que haya quien la
presente. En todos los casos han puesto de
manifiesto su preocupación por las dificultades
para negociar con el "grupo africano" y
el riesgo de que sus votos puedan dar al traste
con la misma.
La representación de Estados Unidos, a pesar de
los términos en los que se expresa el Informe
del año 2002 sobre la situación de los Derechos
Humanos en Guinea del Departamento de Estado de
su país, ha estado ocupada preferentemente en
impedir una resolución de la Comisión sobre la
situación en Iraq...
Los representantes de Francia y España han
estado esquivos respecto a la propuesta de
resolución. Cabe esperar pocos apoyos de la
administración española muy empeñada en
mostrar a Obiang y los suyos su plena
disposición a olvidar los crímenes y abusos que
han cometido en los últimos tiempos (Véase sino
el voto en contra a la resolución de Parlamento
Europeo, de 16 de enero de 2003, en la que se
denunciaban las violaciones de los derechos
humanos en Guinea, se pedía la libertad de los
presos políticos y se criticaba el
comportamiento de las autoridades de ese país
durante el proceso electoral del 15 de diciembre
y, también, la ausencia total de referencias al
proceso democrático y a la situación de los
derechos humanos en las declaraciones hechas, y
los acuerdos adoptados, por el señor Gil Casares
en su reciente viaje a Malabo).
Aunque los calendarios de la
Comisión de Derechos Humanos son difíciles de
fijar parece que para el 25 de este mes estará
todo resuelto. Seguiremos informando.
Editado
y distribuido por ASODEGUE
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