HOJAS INFORMATIVAS
5
de abril de 2005
El gobierno
español acuerda una ayuda a Guinea de 24 millones de euros
El gobierno español
ha acordado enviar a Guinea Ecuatorial una ayuda no
reembolsable de 24 millones de euros destinados a los sectores
de la sanidad y la educación ha manifestado a finales de la
pasada semana una fuente diplomática de Malabo. El anuncio de
esta ayuda se produce al mes de la visita a Guinea del
ministro de asuntos exteriores español Miguel Ángel Mortinos.
Esta ayuda cubre el periodo 2004-2006 y deberá permitir el
establecimiento de un nuevo marco de cooperación y
"restablecer la confianza entre ambos países" indicó
la misma fuente.
INFORME
DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO NORTEAMERICANO SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS 2004.
Guinea Ecuatorial es, sobre el papel, una República
Constitucional multipartidaria; pero en la práctica, el
Presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y el sub-clan Mongomo,
perteneciente a la mayoritaria etnia Fang, gobiernan el país
desde su independencia en 1968. El Presidente Obiang, que
gobierna desde el Golpe de Estado de 1979, fue reelegido en
diciembre del 2002 con el 97,1% de los votos de un total del
98% de votantes registrados. Estas elecciones estuvieron
marcadas por el fraude y la intimidación, y fueron muy
criticadas por la comunidad internacional. El Partido Demócrata
del Presidente de Guinea Ecuatorial (PDGE) controla el poder
judicial y el legislativo. En el mes de marzo se produjo un
nuevo intento de Golpe de Estado; por el que 19 mercenarios
fueron arrestados en la capital, Malabo, y otros 70 en la
capital de Zimbabwe, Harare. En el mes de noviembre 14 de
estos detenidos fueron condenados por un tribunal de Malabo,
cuyo juez no era independiente. El juicio estuvo abierto a
observadores de la comunidad internacional.
El Presidente Obiang renunció a un parte de su poder en la
reforma ministerial llevada a cabo en junio pero, aún así,
sigue teniendo el poder absoluto sobre la policía y las
fuerzas de seguridad. El nuevo Ministro para la Seguridad
Nacional controla el cuerpo policial y a los gendarmes,
mientras que el nuevo Ministro de Defensa Nacional se ocupa
del cuerpo militar. En la remodelación ministerial de junio,
el Presidente nombró como Primer Ministro, de nuevo, a un
miembro de la etnia Bubi, y puso a dos de sus hermanos en los
cargos de Ministro de Defensa y de Delegado para la Seguridad
Nacional respectivamente, y su tío pasó a ser Ministro para
la Seguridad Nacional. Todos estos cargos habían sido
previamente ocupados por el Presidente. De éste modo, la
reforma ministerial tan sólo ha sido una casi imperceptible pérdida
de algunos de los poderes que reunía el Presidente Obiang en
su persona.
Las autoridades civiles han
mantenido, por lo general, un control efectivo sobre las
fuerzas de seguridad; pero aún así, se han dado una serie de
situaciones en las que las fuerzas de seguridad han actuado a
espaldas de la autoridad del gobierno. Estas fuerzas han
cometido numerosos y muy graves abusos contra los derechos
humanos.
La economía creció rápidamente durante el pasado año
debido a un incremento de la producción de gas y petróleo. A
pesar de que el censo del año 2002 estimaba la población de
Guinea Ecuatorial en 1 millón de habitantes, lo cierto es que
fuentes fidedignas la cifran en 500 mil habitantes. La mayor
parte de la población subsiste gracias a la agricultura, una
minoría gracias a la caza y pesca. El paro y el subempleo
alcanzan cotas muy altas. El trueque es la práctica comercial
por excelencia de esta economía. El PIB ha crecido
sustancialmente en los últimos 8 años, y la tasa de
crecimiento fue del 20-24 % durante el año. Las estimaciones
de la renta per cápita varían entre los 930 y los 5,300 dólares
USA; buena parte del crecimiento de la renta se debió al
aumento de la producción de crudo, con una media de 350,000
barriles al día, y a la subida general de los precios.
El deficiente control fiscal y la falta de transparencia de
las cuentas públicas de la economía nacional han acabado por
minar el potencial económico del país. Las compañías
petrolíferas han pavimentado carreteras en Malabo, mejorado
el sistema generador de electricidad de la isla, y llevado a
cabo diversos proyectos de salud y de entorno diseñados para
mejorar la vida de los ciudadanos. A pesar de esto ha habido
preocupación por diversos pagos irregulares a cuentas
bancarias controladas personalmente por el Presidente y su
entorno realizados por las compañías petroleras. La mayor
parte de la riqueza generada por el petróleo permanece bajo
control directo del Gobierno, y muy poca se reparte a la
población, que permanece anclada en un estado de extrema
pobreza. Pero existen diversas pruebas, incluyendo varios
proyectos de infraestructura, que indican que le Gobierno ha
comenzado a invertir parte de la riqueza generada por el petróleo
para el bienestar de su población. Muchas ayudas
internacionales fueron suspendidas debido al fracaso de la
reforma económica y a los datos que indicaban el poco o nulo
respeto que el gobierno de este país tiene por los derechos
humanos.
Estos datos no han cambiado, y el Gobierno sigue cometiendo
serios abusos. Los ciudadanos no tienen posibilidad alguna de
cambiar su Gobierno de una manera pacífica. Las fuerzas de
seguridad cometieron numerosos abusos, incluyendo la tortura,
amenazas y otros abusos físicos de prisioneros y sospechosos,
que a veces acabaron en muerte.
Los prisioneros a menudo son torturados para obtener
confesiones falsas. Las condiciones de vida en las cárceles
continúan siendo terriblemente duras y aterradoras. Los
miembros de las fuerzas de seguridad cometen todos estos
abusos con total impunidad, por lo que se llevan a cabo
arrestos arbitrarios, detenciones ilegales e incomunicación
de personas a su antojo. Algunos extranjeros que se
encontraban con todos sus papeles en regla y legalmente dentro
del país fueron amenazados, detenidos y deportados a sus países
de origen. El sistema judicial fracasa repetidamente a la hora
de asegurar y proporcionar los consecuentes procesos legales.
El Gobierno restringió de manera terminante el derecho a la
privacidad, a la libertad de opinión y a la libertad de
prensa; y continúa restringiendo los derechos a la libre
asociación y limita la libertad de movimiento.
A esta grave lacra debe sumarse la corrupción, que sigue
siendo uno de los problemas más graves. No se permite la
existencia de ONG´s lo que tiene como consecuencia: la
violencia y la discriminación contra la mujer son habituales,
y le siguen la discriminación contra las minorías étnicas
(particularmente contra la etnia bubi y contra todos los
extranjeros).
A su vez el gobierno ha restringido los derechos laborales. La
explotación infantil se sigue dando y los trabajos forzados
en prisión se ven como algo completamente normal. Aunque el
pasado año el Gobierno aprobase una ley antitráfico, el tráfico
de personas continúa, pasando desapercibido para las
autoridades del gobierno de Obiang.
RESPETO
DE LOS DERECHOS HUMANOS
SECCION
1 POR LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA, INCLUYENDO LA LIBERTAD:
-
Contra
la privación de la vida de forma arbitraría o ilegal:
No existen pruebas sobre matanzas políticas llevadas a cabo
por el Gobierno o por sus agentes, aún así, las fuerzas de
seguridad asesinaron a varias personas abusando de ellas y
empleando una fuerza excesiva. Por ejemplo, entre el 28 y el
30 de mayo, unas 20 personas aproximadamente intentaron
asaltar una comisaría de policía. Este hecho fue calificado,
según ciertas personas, como un atentado frustrado en la Isla
Corisco. Según una nota de prensa del Gobierno, las fuerzas
de seguridad mataron a 5 personas mientras intentaban sofocar
este asalto, pero según Amnistía Internacional, los soldados
dispararon y mataron a los asaltantes que se rindieron o que
intentaban huir, causando un total de entre 12 y 16 víctimas
mortales. No se tomó ninguna medida para castigar a los
soldados responsables de tales hechos.
No existen informes extrajudiciales sobre cualquier otra
matanza, exceptuando la anterior que fue llevada a cabo por
las fuerzas de seguridad del gobierno con el objetivo de
frenar el asalto.
El Gobierno no llevó a juicio a ninguno de los miembros de
sus fuerzas de seguridad que intervinieron en acciones
similares en el pasado. Tampoco se tomó ninguna medida contra
los guardas fronterizos que mataron a un voluntario español
en Bata en julio del 2003, ni contra los agentes responsables
de la muerte de otras dos personas en el 2002. Por lo que ¿existe
razón alguna para que lo hiciese en este caso?
Existen informes sobre muertes acontecidas durante el año que
fueron causadas por la tortura. El 17 de marzo, el ciudadano
alemán Gerhard Eugen Nershz, que fue acusado de conspiración
contra el gobierno a comienzos de ese mismo mes, muere en la cárcel
de Black Beach en Malabo. Altos funcionarios del gobierno
declararon que su muerte se debió a una malaria cerebral, y
la autopsia indicó que había muerto por causas naturales. A
pesar de esto, existen informes que prueban que el preso fue
torturado y que los guardas de la prisión le negaron
cualquier tipo de atención médica.
Siguiendo
con el esquema anterior, no se castigó a las autoridades
responsables de las torturas llevadas a cabo en
2004 en la cárcel de Black Beach.
-
Desaparición:
No existen informes sobre desapariciones de personas motivadas
por intereses políticos.
-
Tortura
y otros tipos de castigos inhumanos y degradantes:
La ley no prohíbe específicamente estas prácticas, y aunque
la ley obliga a respetar las libertades y la dignidad de las personas, los miembros de las fuerzas de
seguridad amenazan, torturan y comenten todo tipo de abusos
con los prisioneros y con los miembros de partidos de la
oposición. En julio, Amnistía Internacional informó que la
tortura es una práctica habitual en los lugares en los que se
llevan a cabo las detenciones, y en el 2002 el Representante
Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U,
Gustavo Gallon describió el uso de la tortura como un método
de investigación habitual. Durante el pasado año,
funcionarios del Gobierno declararon a diplomáticos
extranjeros que los derechos humanos no se aplican n caso de
prisioneros o criminales, y que torturar a conocidos
criminales no supone un delito contra este tipo de derechos.
Existe un informe sobre la muerte de un preso por tortura
llevada a cabo por autoridades carcelarias. (ver sección 1.a)
Otro documento informa de las torturas sufridas por activistas
pertenecientes al partidos de la oposición y por otras
personas, a manos
de funcionarios del gobierno. Por ejemplo, en marzo, la policía
arrestó a Weja Chicampo, líder del Movimiento de la Isla
Bioko, partido de la oposición. Sus carceleros le torturaron
repetidamente y le negaron cualquier tratamiento médico así
como los alimentos que los miembros de su familia llevaban a
la cárcel. A finales de año
continuaba encarcelado.
Cinco de las personas arrestadas a finales de mayo por el
fallido ataque en la Isla Corinto, hicieron aparición en
televisión poco antes del comienzo de su juicio. Les faltaban
una parte de las orejas, como si se las hubiesen cortado
pedacito a pedacito. Hay documentos
sobre uno de los cinco arrestados, Alfredo Asumu, que
indican que a éste hombre le privaron de techo y le
golpearon. Al menos a dos de los cinco arrestados se les negó
tratamiento médico.
El 27 de junio, las fuerzas de seguridad dispararon a
Marcelino Manuel Nguema Esono, dirigente del Partido del
Progreso, prohibido por el Gobierno. Posteriormente se llevó
a cabo su detención y arresto en la cárcel Black Beach de
Malabo, en dónde le privaron de cualquier atención médica y
le confinaron en una celda de incomunicación. A finales de año
continuaba en prisión.
Hay otros informes, no confirmados, sobre confesiones
obtenidas por medios violentos y por la fuerza; especialmente
de las obtenidas al grupo de 19 personas arrestadas en marzo
por conspiración contra el gobierno. Por ejemplo, después de
que la madre de uno de los presos le hiciese una breve visita
en la cárcel de Black Beach, declaró que a su hijo le habían
partido las piernas durante el interrogatorio, que le habían
encadenado a la pared y que no había recibido atención médica.
Aún así, cuando el juicio comenzó en agosto, todos los
prisioneros entraron en la sala por su propio pie, sin ayuda y
sin aparentes signos de dolor.
En noviembre, otros informes aún sin confirmar, apuntan a que
agentes del Gobierno arrestaron y torturaron al Teniente
Coronel Maximiliano Owono Nguema, militar al mando de
Evinayong, en Bata.
No se han tomado medidas contra los miembros de las fuerzas de
seguridad responsables de torturar, para obtener confesiones
en junio y julio del 2003, a Felipe Ondo Obiang, dirigente de
la Fuerza Democrática Republicana, y a otros 30 prisioneros
pertenecientes al grupo de 144 supuestos conspiradores
arrestados en 2002 (ver sección 1.d). No se tomó medida
alguna contra los miembros de las fuerzas de seguridad
responsables de las palizas y torturas sufridas por los
arrestados en 2002.
Durante todo el año, las autoridades locales se han dirigido
a extranjeros que
proceden de países vecinos para acosarlos, intimidarlos
verbalmente, amenazarlos y llevar a cabo entre ellos arrestos
arbitrarios. La policía extorsiona a ciudadanos de Camerún,
Nigeria, Ghana, Togo y Benin. A partir del mes de marzo, y
después de un fallido golpe de estado liderado por
extranjeros, el gobierno reforzó su política de acoso,
arrestos y deportaciones de extranjeros procedentes del
continente africano. La policía de Bata y Malabo tiende a
hacer uso
excesivo de su fuerza con los detenidos, incluyendo palizas; y
saquean sus propiedades durante los arrestos y deportaciones. A
esto hay que añadir que algunos de los deportados aseguran
haber sido violados por policías, pero estas declaraciones no
han sido verificadas a día de hoy. El gobierno acusó a los
deportados de ser cómplices de los mercenarios arrestados por
el intento frustrado del mes de marzo. Aproximadamente 300
ciudadanos de Camerún fueron expulsados de un total de 400
extranjeros deportados.
En noviembre de 2003 las fuerzas de seguridad asaltaron y
golpearon a un ciudadano extranjero después de que éste
ignorara a los policías cuándo estos le ordenaron detenerse.
Continúan saliendo a la luz informes sobre palizas a
empleados de compañías petroleras de las que son autores
miembros de las fuerzas del orden.
Las condiciones de vida en las cárceles y prisiones continúan
siendo tremendamente duras y peligrosas; a los presos se les
niegan alimentos, cuidados
médicos, aseo, agua potable, un espacio habitable limpio
e incluso las camas. Hay documentos fiables según los
cuales estas lamentables condiciones están mejorándo
ligeramente en la Prisión de Black Beach; pero aún así,
estos documentos también indican que las torturas a presos
continúan dándose en este centro penitenciario. (Ver sección
1.d)
Familiares de los presos declararon que tan sólo se les ha
permitido realizar visitas de unos pocos minutos de duración,
y que los guardias no entregaron los alimentos que habían
llevado para los presos. A menudo se niegan cuidados médicos
a prisioneros con gangrena, huesos rotos, infecciones y
enfermedades mortales.
Las autoridades penitenciarias y otros presos violan a las
reclusas. Existen informes fiables que prueban las violaciones
llevadas a cabo por un miembro de la policía a mujeres presas
en la cárcel de Malabo. Los prisioneros son usados de forma
habitual como mano de obra en proyectos de construcción por
determinados funcionarios, sin que reciban ningún tipo de
pago o compensación. Hay documentos todavía no contrastados,
que indican que algunos jueces han utilizado a los presos como
empleados domésticos.
Dentro de la comunidad penitenciaria no se toma medida alguna
para separar a los presos; mujeres y hombres, niños y adultos
conviven en los mismos espacios. Así mismo, los presos que
han perpetrado delitos de tipología criminal no son separados
de los presos políticos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha visitado en
varias ocasiones durante el pasado año
a los detenidos y a los presos de cárceles, prisiones
y comisarías de policía. En estas visitas de los miembros de
la Cruz Roja no han intervenido terceras partes; y han sido
frecuentes y regulares. El CIRC ha planteado una serie de
propuestas al Gobierno que, por el momento, no se han hecho públicas.
Aunque las condiciones de vida en las cárceles han mejorado
ligeramente, continúan manteniéndose por debajo del nivel
internacional.
En octubre, por iniciativa del Gobierno y de la O.N.U,
comenzaron a impartirse una serie de seminarios parea
concienciar a los funcionarios de prisiones sobre la obligación
de velar por los derechos humanos.
-
Arresto
y detención ilegal.
A pesar de la existencia de procedimientos legales que
salvaguardan la protección de derechos de los ciudadanos, así
como los relacionados con detenciones y la obtención de órdenes
de arresto; las Fuerzas de Seguridad ignoran sistemáticamente
estos procedimientos y continúan arrestando y deteniendo a
personas de forma ilegal, con total impunidad.
La responsabilidad de estos hechos recae a partes iguales en
el cuerpo policial que es el responsable de la seguridad en
los centros urbanos, y en los gendarmes, que son responsables
de las áreas fuera de las ciudades y en ocasiones también de
las propias ciudades. Ambos cuerpos de seguridad están bajo
el control del Ministerio del Interior. La corrupción es un
mal endémico en estos cuerpos de seguridad.
Hay ciudadanos, aunque no sean funcionarios de policía, que
arrestan a personas de las que sospechan que puedan ser
residentes ilegales, incrementando de este modo el número de
arrestos ilegales basados en la xenofobia de algunos grupos de
la ciudadanía.
La impunidad de la que gozan los policías y los gendarmes es
un gran problema ya que raramente son castigados por los
abusos que cometen contra las personas que acaban en sus
manos. En 2002, el por entonces Relator Especial de la ONU,
declaró que algunos funcionarios relacionados estrechamente
con el aparato de seguridad del Gobierno se comportaban como
si estuvieran por encima de toda ley. No se conoce ninguna
reforma, propuesta o aprobada, cuyos destinatarios sean
las Fuerzas de Seguridad.
Por ley, para llevar a cabo un arresto, no se requiere la
obtención de ninguna orden previa. La policía puede detener
a personas y retenerlas durante 5 días antes de que se
celebre una vista judicial. Sin embargo, en la práctica, una
persona puede permanecer retenida durante varios días más
antes de esa vista. La falta de un código penal publicado
permite a las Fuerzas de Seguridad llevar a cabo libremente
sus abusos.
La policía hace prisioneros continuamente y los mantiene
incomunicados. (Ver sección 1.c.)
En enero, la policía arrestó a Simón Maria Nsue Mokuy,
perteneciente a las Fuerzas Republicanas por la Crítica y
Acción de Guinea Ecuatorial (FRRAGE) por difundir información
sobre un próximo mitin de su grupo; se le detuvo y le
mantuvieron incomunicado durante 6 semanas
sin haber presentado cargo alguno contra él ni haberle
juzgado por delito alguno.
Durante la redada de las Fuerzas de Seguridad en la que
detuvieron a los extranjeros responsables del intento de golpe
de estado de marzo, la policía detuvo e interrogó
ilegalmente a un grupo de extranjeros voluntarios que
trabajaban en labores humanitarias y estaban de vacaciones en
Luba, antes de ponerlos bajo arresto domiciliario en su hotel
durante 2 días. A este incidente protagonizado por la policía,
debe sumársele también
la detención y arresto ilegal en Malabo durante varios días
de una pareja de misionarios extranjeros.
Durante el pasado año, las Fuerzas de Seguridad siguieron
acosando a los empleados de las compañías petroleras,
reteniéndoles en las barreras de control para
exigirles pequeños sobornos.
Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a familiares de
prisioneros y sospechosos en un intento de forzar a éstos últimos
a cooperar. (Ver sección 1.f.)
En noviembre, salieron a la luz informes no confirmados
indicando que el Gobierno arrestó a más de 50 oficiales del
ejército en el continente y torturó a uno de ellos, a un
teniente coronel (ver sección 1.c). A finales de año, no se
disponía de ninguna información adicional sobre este hecho.
Las detenciones sin base legal alguna constituyen un problema
importante. A la mayor parte de los detenidos se les arresta
sin haber sido acusados de cargo alguno, y sin que sus casos
hayan sido presentados ante ningún tribunal.
Los detenidos permanecen con frecuencia en las comisarias de
policía por periodos superiores a los cinco días prescritos
por la ley, a la espera de que sus casos sean presentados ante
un juez, por motivos diversos entre los que no es infrecuente
que los jueces estén ausentes de sus puestos.
Durante el año, las autoridades detuvieron a miembros de
partidos políticos de la oposición y les retuvieron por
cortos periodos de tiempo. Algunas de estas retenciones se
prolongaron durante varios meses. Es difícil contabilizar el
número de presos políticos, pero se estima que esta cifra
ronda las 100 personas.
El Gobierno utiliza el arresto, las amenazas y otros tipos de
métodos de acoso para intimidar a los miembros y oficiales de
partidos políticos de la oposición.
El líder de la Fuerza Democrática Republicana (FDR), Felipe
Ondo Obiang, arrestado en marzo de 2002 acusado de conexión
con una trama golpista, fue repetidamente torturado y a
finales del pasado año continuaba preso en la Prisión de
Evaniyong. Se le encadenó la pierna derecha a la pared; hasta
que comenzó a inflamársele, y fue entonces confinado en una
celda de aislamiento durante varios meses. Otros 30
prisioneros arrestados junto a Ondo Obiang, incluyendo al
también líder de las FDR, Guillermo Nguema Ela, permanecen
en prisión; y a pesar de habérseles concedido una amnistía
parcial, su situación no se había regularizado a finales del
pasado año. Permanecen encerrados en
condiciones difíciles e inhumanas, por lo que dos de
ellos requirieron atención médica pera tratar sus
enfermedades.
En septiembre, la policía arrestó al capitán de la Fuerza Aérea,
Felipe Obama. A finales de año todavía no existían informes
sobre los cargos que se le imputaban o sobre su puesta en
libertad. En noviembre, un miembro del partido por la
Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Pío Miguel
Obama, fue arrestado y retenido en la comisaría central de
Malabo. A finales de año, no se habían presentado cargos
contra él; y según informes de la oposición, todavía no ha
sido puesto en libertad.
-
Denegación
a un juicio justo y público.
La Constitución proclama la independencia de la justicia, y aún
así, el poder judicial no es independiente. Los jueces están
al servicio del Presidente, y son elegidos, trasladados o
despedidos por razones de índole política. La corrupción
judicial está enormemente extendida.
El sistema judicial de Guinea Ecuatorial está compuesto por
Juzgados Provinciales, dos Tribunales de Apelaciones, un
Tribunal Militar y un Tribunal Supremo. El Presidente elige a
los miembros del Tribunal Supremo, y en la práctica este
tribunal sigue y cumple las órdenes del Presidente. Al menos
dos generales del ejército,
ninguno de ellos abogado, forma parte del Tribunal
Supremo. El Presidente es el brazo más poderoso del sistema
judicial del país.
La ley autoriza al Ministerio de Justicia a realizar
inspecciones periódicas y a llevar a cabo el nombramiento de
nuevos jueces. Hay aproximadamente 60 jueces en el país, y sólo
el 20% de ellos son hombres de derecho con experiencia.
Algunos jueces se ausentan regularmente de sus puestos
causando retrasos importantes en los procesos judiciales.
En diciembre, tras la recomendación del Presidente del
Tribunal Supremo, el Presidente Obiang destituyó al juez de
primera instancia de Malabo y despidió a dos de sus
secretarios por incompetencia e inacción en casos de su
jurisdicción. La Comisión de Reclamaciones del Parlamento
actúa como una autoridad judicial, a pesar de que no posee
jurisdicción legal alguna. De acuerdo con los medios de
comunicación locales, el presidente del parlamento ha actuado
en determinados casos como un tribunal.
Los ancianos responsables de diferentes estructuras tribales
presentan sus demandas civiles, y los casos criminales de
menor importancia, ante tribunales tradicionales localizados
fuera de los núcleos urbanos.
La Constitución y la ley proclaman el derecho a ser
representado legalmente y el derecho de apelación; pero en la
práctica las autoridades no respetan estos derechos. De los
100 abogados que ejercen en la actualidad, tan sólo un 25% de
ellos practica la abogacía a tiempo completo y no tiene ningún
otro empleo. El Ministerio de Educación otorga certificados
para ejercer la abogacía, y se ignora o se pasa por alto
muchas veces el
requisito mínimo de tener una licenciatura en derecho por
cualquier universidad del mundo. Los casos civiles raramente
tienen un juicio público.
Los casos relacionados con la seguridad nacional son juzgados
en un tribunal militar. Los casos de naturaleza política
frecuentemente se juzgan en tribunales militares, a pesar de
que los acusados sean civiles y de que los cargos presentados
no presenten aspecto militar alguno. El código de justicia
militar permite que personas que desobedezcan a una autoridad
militar sean juzgadas por un tribunal militar. Los tribunales
militares no ofrecen a los acusados ni un juicio justo, ni
seguridad procesal, y los veredictos jamás se hacen públicos.
En febrero, casi 120 civiles y oficiales militares fueron
juzgados en un juicio secreto de un solo día, acusados de
cometer crímenes contra la seguridad del Estado y, según se
afirmó, estaban relacionados con el robo de fondos públicos.
La mayoría de los acusados fueron condenados a penas de 6 a
10 años de prisión. A finales de año, no se disponía de
ninguna otra información adicional sobre este caso.
El 23 de agosto, los 29 mercenarios arrestados en marzo fueron
juzgados ante tres jueces del tribunal de lo civil. El 31 de
agosto, el fiscal del caso pidió la suspensión indefinida
del juicio y la extradición desde Zimbawue de 66 personas
que, a su vez, habían sido acusadas de formar parte de la
trama para derrocar al Presidente Obiang.
El 24 de noviembre, el juicio terminó cuando el Fiscal
General presentó cargos contra otras 9 personas, todas
miembro del Partido del Progreso, y que en esos momentos vivían
en el exilio en España. El 26 de noviembre, 3 surafricanos
fueron absueltos mientras que los otros acusados fueron
condenados a cumplir penas de entre 1 y 62 años de cárcel.
Amnistía Internacional y la Asociación Internacional de
Abogados declararon que, el juicio no había cumplido las
normas internacionales para que se le considerara justo, particularmente por la
ausencia de intérpretes para los acusados extranjeros.
El Gobierno continuó haciendo prisioneros políticos, y se
estima que a finales del pasado año, esta cifra rondaba las
100 personas. Todos estos prisioneros son miembros de los
partidos de las oposición o personas a las que el Gobierno
acusó de atentar contra él. Durante el pasado año tan sólo
se permitieron visitas a estos presos de miembros de la CICR.
-
Intrusión
ilegal en la privacidad, familia, hogar y correspondencia.
La ley prohíbe estas acciones, pero en la práctica el
Gobierno no la respeta. No cesan de salir a la luz informes
sobre acciones llevadas a cabo por las Fuerzas de Seguridad en
las que se registran domicilios, y se arresta a los que en
ellos viven, sin ninguna orden de detención o arresto, todo
ello con absoluta impunidad.
Otros documentos indican que el Gobierno ha seguido y vigilado
a miembros de los partidos políticos de la oposición y a
diplomáticos extranjeros. Durante el año, periodistas y
ciudadanos han declarado tener fuertes sospechas de que el
Gobierno tiene pinchados tanto sus teléfonos móviles como
sus correos electrónicos.
En marzo, la policía de Malabo acorraló aun importante número
de ciudadanos africanos, en su mayor parte procedente del África
Occidental, y saqueó sus propiedades. Todos estos ciudadanos
fueron desterrados o repatriados. Ese mismo mes, se acusó a
ciudadanos extranjeros de atentar contra el Gobierno de
Guinea Ecuatorial. (Ver sección 1.c)
Ser miembro del principal partido político, el PDGE, supone
generalmente tener grandes ventajas de promoción personal,
tanto en el sector público como en el privado. Por el
contrario, militar en un grupo político de la oposición
supone correr el riesgo de ser destituido del cargo, tanto si
es público como privado. Políticos de la oposición, que no
participan en el Gobierno, declaran a menudo haber sido
despedidos de sus puestos de trabajo tras haberse unido a
grupos políticos alternativos sin ningún tipo de compensación
legal.
Las Fuerzas de Seguridad detienen a familiares y amigos de e
supuestos autores de hechos delictivos
para obligarles a que colaboren. Por ejemplo,
familiares del activista del Partido del Progreso, Marcelino
Nguema Esono, incluyendo a su mujer Pilar Angue Adimi, su hija
Elvira Okomo y su familiar de Nicolás Obiang, fueron
arrestados y torturados. Sus domicilios fueron saqueados y
destrozados.
Sección
2. Respeto por las libertades civiles, incluyendo:
-
La
libertad de expresión y la libertad de prensa.
La Constitución proclama las libertades de prensa y expresión;
sin embargo, en la práctica, el Gobierno restringe
fuertemente estas libertades.
Durante el pasado año, el Gobierno espío a
periodistas; los medios de comunicación han estado bajo su férreo
control, y los periodistas se han autocensurado a sí mismos.
El gobierno no tolera críticas
ni a las instituciones públicas, ni a una mala gestión del
sector público, y
por supuesto no permite ninguna crítica al Presidente o a las
Fuerzas de la Seguridad.
Los opositores deben contenerse a la hora de expresar
sus críticas en el parlamento, y cuando pese a todo son muy
numerosas, se procede a su invalidación, como si nunca se
hubieran pronunciado. Ciudadanos extranjeros no se atrevieron
a expresar ninguna queja sobre los frecuentes abusos de que
son objeto, que van desde el policía que les exige sobornos
por ofensas imaginarias, a la extorsión por parte de
funcionarios de ámbito nacional o provincial para conceder
"licencias" sin ninguna base legal.
Las quejas sobre la conducta de los funcionarios
siguieron presentándose acompañadas de peticiones de no ser
identificado para evitar futuras represalias.
La prensa independiente o privada es inexistente.
Hay tres periódicos de interés general y de publicación
irregular que funcionan bajo el control del Gobierno: La
Gaceta, una revista mensual sobre la vida en Malabo,
que se imprime en España y que
publica un empleado del Ministerio de Información,
Turismo y Cultura. El
Correo Guineo Ecuatoriano, un periódico bimensual
publicado por el grupo de
La Gaceta; y Ébano,
una publicación del Ministerio de Información, que aparece
aproximadamente dos veces al mes. Las publicaciones
extranjeras están a la venta en tiendas de comestibles y
almacenes de propietarios extranjeros;
no hay librerías o kioscos de periódicos.
La radio es el medio de comunicación de masas más importante
e influyente del país. Durante
el pasado año, el Gobierno continúo teniendo el control de
la difusión de las emisoras de radio doméstica. Posee y
produce todos los programas de la emisora Radio Malabo,
conocida oficialmente como Radio Nacional de Guinea
Ecuatorial. El
hijo del presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue, es dueño
de la única emisora de radio local privada, Radio
Asonga, con sede en Bata.
El gobierno no ha aprobado ninguna otra emisoras
privadas de radio, a pesar de que existen solicitudes
pendientes desde hace años.
La única cadena nacional de televisión también esta en
manos del Gobierno, y emite tan sólo unas pocas horas al día. Televisión Asonga,
propiedad del Presidente Obiang y dirigida por su hijo junto
con Radio Asonga, se emite por cable tan sólo en Bata.
La televisión por cable extranjera está disponible y
ofrece noticias en francés, español, e inglés, así como
programas de entretenimiento.
La recepción de señal vía satélite cada vez es
mejor.
Los medios de comunicación internacionales también están
disponibles, y son: Radio France International, que emite en Malabo, y Radio
Exterior, el servicio internacional de onda corta de España.
Radio Exterior a menudo emite noticias sobre el país y
entrevistas con los políticos de la oposición, y son
virtualmente el único medio a través del que la oposición
puede expresar sus opiniones y su posición con total
libertad. Sus
editoriales, como los de la mayoría de los medios de
comunicación españoles, son con frecuencia altamente críticos
con el Gobierno. El
gobierno acusa a Radio Exterior, a veces con razón,
de distorsionar la verdad de la situación en el país.
Al contrario que el año anterior, el Ministerio de Información
dejó de requerir los servicios de periodistas nacionales;
todos los periodistas debían registrarse en la asociación de
prensa local controlada por el Gobierno. Había 54 periodistas
registrados en dicha asociación.
Se permitió a los periodistas extranjeros viajar e
informar de forma independiente.
La ley obliga a los medios de comunicación extranjeros
a obtener una acreditación ministerial antes o en el momento
de entrar en el país; sin
embargo, durante el pasado año, permitieron entrar en el país
a algunos periodistas extranjeros tan sólo con sus visados.
Los periodistas han sido víctimas de hostigamiento durante el
pasado año. Por ejemplo, el 9 de marzo, la Secretaria de Prensa del
Presidente negó a un corresponsal de la agencia France
Presse el acceso a una rueda de prensa presidencial en
Malabo y se negó a dar cualquier explicación sobre el hecho;
tan sólo se permitió el acceso a periodistas de la
radio y la televisión estatales.
El 12 de mayo, un Ministro del Gobierno amenazó con
encarcelar a un equipo de noticias de una televisión
australiana que investigaba la cuota de beneficios de una
empresa petrolera estatal, si no abandonaban el país esa
misma noche. Unas horas más tarde, en el aeropuerto, el Director de la
Seguridad Nacional, y
hermano del presidente, registró el equipaje de los
periodistas y confiscó las tarjetas de la memoria de los
ordenadores.
En octubre, Peter Maass, escritor extranjero que preparaba un
libro sobre la industria de petróleo, fue deportado por
"hablar con la gente
sobre el Gobierno y por acciones no relacionadas con el
propósito por él mencionado."
El gobierno le requisó la tarjeta de memoria de su
ordenador, aunque se la devolvió más adelante.
A finales de año, el Presidente hizo públicas sus
disculpas por la deportación de Maass.
La ley autoriza al Gobierno a censurar todas las
publicaciones. Durante
el año, el Ministerio de Información obligó a los editores
a presentar una copia para la aprobación del texto antes de
su publicación. Además,
todas las publicaciones locales ejercen la autocensura y están
sujetos a grandes limitaciones.
El Gobierno no permite el acceso de los partidos de la oposición
a las emisoras nacionales, y raramente menciona a la oposición
a no ser que lo haga en términos negativos en los
noticiarios.
La Asociación de Prensa de Guinea Ecuatorial (ASOPGE), a la
que se le prohíbe organizar demostraciones y conferencias,
organizó al menos una conferencia y varios eventos.
No se dispone de información adicional sobre el
presidente de ASOPGE, Pedro Nolasco Ndong, que abandonó el país
en el año 2002, después de que el Presidente ordenara su
arresto.
El gobierno no limita el acceso a Internet.
Sin embargo, el único proveedor de servicios de
Internet es una filial de la compañía que tiene el monopolio
de la telefonía del país, y existen informes todavía sin
confirmar sobre el seguimiento de algunos usuarios de Internet
por parte del Gobierno.
Durante el año, el gobierno no limitó abiertamente la
libertad académica; sin
embargo, los profesores se aplican a sí mismos autocensura en
lo referente a materias políticas.
El pasado año, el Gobierno abrió la primera
biblioteca pública.
-
Libertad
de reunión y de asociación.
La Constitución contempla el derecho de reunión;
sin embargo, el Gobierno limita este derecho.
Se debe obtener una autorización del Gobierno
para realizar reuniones familiares de más de 10
personas ya que el Gobierno las considera discusiones de
naturaleza política. Aunque el gobierno formalmente ha
suprimido el permiso para las reuniones de partidos dentro de
sus locales propios, en la práctica, los partidos de la
oposición deben informar a las autoridades para llevar a cabo
reuniones de cualquier clase, sin importar la localización.
La Fuerzas de Seguridad
vigilan las reuniones que se celebran en los lugares públicos,
incluso reuniones pequeñas. El Gobierno exige un permiso para
celebrar acontecimientos públicos; no suele haber problemas
para la concesión de estos permisos..
Antes de las elecciones legislativas de abril, el gobierno
acosó a lo miembros del partido opositor CPDS, y les negó
permiso para realizar una convención.
La Constitución establece el derecho a la libre asociación;
sin embargo, el Gobierno limita en la práctica este
derecho. La ley prohíbe la formación de partidos políticos
de carácter étnico. La ley prohíbe coaliciones entre los partidos políticos;
sin embargo, seis grupos de la oposición continuaron
siendo parte de una coalición, que se alió con el partido
del gobierno el pasado año (véase la sección 3).
Los miembros de los partidos opositores han presentado
quejas por la interrupción de sus reuniones.
Esas mismas reuniones se hicieron habitualmente bajo
vigilancia.
A
finales del año, el Gobierno todavía no había reconocido al
Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko.
-
Libertad
religiosa.
La ley reconoce la libertad religiosa, y el Gobierno
generalmente respeta la este derecho.
La ley incluye la preferencia oficial por la iglesia católica
y por la iglesia de la Reforma de Guinea Ecuatorial debido a
sus raíces tradicionales e influencia histórica en la vida
social y cultural del país.
Por ejemplo, la mayoría católica normalmente se hace
notar en cualquier ceremonia importante, tal como la del día
de la fiesta nacional, el 12 octubre.
El pasado año, la policía arrestó y detuvo a una
pareja extranjera de misioneros en Malabo (véase la sección
1.d.).
Una organización religiosa debe registrarse formalmente en el
Ministerio de Justicia, Religión e Instituciones Penales
antes de comenzar sus actividades.
No existen informes sobre rechazos de autorizaciones
por parte del Gobierno. El proceso de la aprobación
generalmente dura varios años por la lentitud burocrática
general y no como resultado de una política diseñada para
impedir la actividad de cualquier grupo religioso.
El gobierno continuó limitando la libertad de la expresión
del clero, particularmente en lo que hace a cualquier crítica
del Gobierno. Durante
el año, los representantes de la iglesia hicieron notar la práctica
de la autocensura la que se sometían ellos mismos.
El gobierno exige permiso para realizar cualquier
actividad religiosa fuera de los propios edificios, pero este
requisito no parece ser un obstáculo para los grupos
religiosos organizados.
El estudio religioso es obligatorio en las escuelas y en
general, pero no exclusivamente, es católico.
Los protestantes han hecho notar la discriminación a
la hora de la enseñanza religiosa. Por ejemplo, un funcionario protestante informó de todas las
dificultades que tuvo que afrontar al matricular a sus hijos
en la escuela. En
la escuela, es obligatorio que cada niño disponga de un
devocionario de la religión católica. Cuando el padre del niño
solicitó que contrataran a un profesor de la misma fe del niño,
el funcionario de la escuela alegó que no disponían de
fondos suficientes para ello y le indicó que
podría proporcionar un profesor con esas características solamente si la iglesia del niño estaba dispuesta a pagar el
sueldo del profesor.
Para una información más detallada, ver el informe sobre
libertad religiosa de 2004.
-
Libertad
de movimiento dentro del país, de viajar al extranjero,
de emigración, y de repatriación.
La ley reconoce todos estos derechos;
sin embargo, el Gobierno los limita en la práctica.
La policía controla rutinariamente a ciudadanos en las
barreras, les
somete a registros, acosa a los viajeros y les extorsiona. La
policía y los soldados hostigan
a los extranjeros, principalmente porque éstos llevan más
dinero que los ciudadanos del país (véase las secciones 1.c.
y 1.d.). El
gobierno justifica las barreras internas de control
para compensar su incapacidad de controlar con eficacia
las fronteras del país.
Estos puntos de control limitan la libertad de
movimiento de los miembros de partidos de la oposición.
Todos los ciudadanos necesitan obtener un permiso para viajar
al extranjero proporcionado por la policía local, y a algunos
miembros de los partidos de la oposición se les niega este
permiso. A los
que viajan al extranjero
a veces se les interroga a su vuelta.
La Constitución no permite el confinamiento forzoso;
sin embargo, el Gobierno pone en práctica el
confinamiento interno según su criterio.
El gobierno no utiliza el exilio exterior forzado;
sin embargo, algunas personas han huido el país por
razones políticas. Los
líderes de la Resistencia Nacional de Guinea Ecuatorial
manifestaron que todas sus tentativas de volver al país habían
fracasado, y no existen informes sobre el regreso de alguno de
éstos exiliados el pasado año.
La ley estipula la concesión de asilo y refugio por parte del
Estado de acuerdo con la Convención de 1951 de la ONU
referente al estado de refugiados y con el Protocolo de 1967,
pero el gobierno no ha establecido ningún sistema para
proporcionar protección a los refugiados.
En la práctica, el gobierno proporciona protección
contra el “refoulement”, el regreso forzado de personas a
un país en donde sufren persecuciones; y conceden asilo al
refugiado. En años pasados, un promedio de una o dos personas
solicitaron refugio
en el país. El
gobierno coopera con el alto comisionado de la ONU para los
refugiados (UNHCR).
La policía continua acosando a quienes buscan asilo por medio
de sobornos.
El gobierno proporciona protección temporal a ciertos
personas que no pueden calificarse como refugiados conforme a
lo estipulado por Naciones Unidas.
Sección
3. Respeto a los derechos políticos: El derecho de los
ciudadanos a cambiar el Gobierno.
La Constitución establece el derecho de los ciudadanos a
cambiar su gobierno de forma pacífica;
sin embargo, en la práctica, los ciudadanos no pueden
ni elegir ni cambiar libremente las leyes ni los funcionarios
que los gobiernan. No
ha habido elecciones libres, justas, y transparentes desde la
independencia en 1968. El
Presidente ejerce como Jefe de Estado, comandante de las
fuerzas armadas, y fundador y jefe del partido del gobierno,
el PDGE. Cualquier
tipo de acusación contra el Jefe de Estado está prohibida
por la Constitución. Los
puestos del Gobierno están reservados a miembros del clan
Mongomo del que forma parte el propio Presidente,
sub-clan del grupo étnico Fang.
El gobierno controla totalmente la Cámara de los
Diputados, y el Ministro del Interior actúa a su vez como
Presidente de la Comisión
Electoral.
El Presidente Obiang ganó las elecciones presidenciales de
diciembre del 2002 con 97,1 % del voto y un 98 % de
participación. Los
dirigentes de la oposición denunciaron que los datos del
censo demostraban un aumento del doble de la población y que
se habían inflado las cifras para perpetrar un fraude en las
elecciones. Antes
de las elecciones, había informes sobre aumento del número
de detenciones y hostigamientos a miembros de los partidos de
la oposición. Cuatro
de los candidatos de la oposición hicieron pública una
declaración en la que rechazaban el voto y llamaban a la
población a solicitar unas nuevas elecciones.
Existen amplios informes sobre irregularidades el día
de las elecciones, incluyendo intimidación a la hora del
voto. La Unión
Europea expresó su preocupación con respecto al proceso
democrático y criticó seriamente la manera en la que se había
producido la elección presidencial.
Antes de las elecciones legislativas de abril, el Gobierno
acosó a miembros de los partidos opositores y practicó entre
ellos detenciones ilegales.
Los miembros de PDGE acudían a los domicilios,
buscaban y amenazaban a los miembros de la oposición.
El día de elecciones, se hicieron amplios informes
sobre irregularidades, incluyendo las practicas de intimidación
a lo hora del voto. Animaron
a los votantes para que no hicieran voto secreto, violaron las
urnas y los militantes del partido gubernamental introdujeron
en ellas votos que no correspondían a electores, recurrieron
a nombres de niños y difuntos.
También existen informes de que las fuerzas de
seguridad intimidaron a los votantes con su presencia en las
cabinas de voto. Hubo
falta de interventores y supervisores en las zonas rurales. A pesar de que los
observadores internacionales declararon que el voto opositor
era de en torno
al 12 por ciento de los votos, el CPDS tan sólo obtuvo por
parte del Gobierno el 2 de los 100 asientos del Parlamento.
La ley electoral prohíbe coaliciones entre partidos políticos;
sin embargo, a finales de año, todos los partidos políticos
legales excepto el CPDS se aliaron y pasaron a formar parte
del gobierno.
Existen 12 partidos políticos que el gobierno denomina
"partidos de la oposición";
11 se han aliado con el Gobierno (PDGE).
El gobierno citó a estos partidos de la oposición
como ejemplos de la democracia multipartidaria del país.
El gobierno utiliza, según se informa, presiones para
persuadir a miembros o a funcionarios de la oposición de que
deben unirse al partido
PDGE; los
miembros de la oposición que se unieron al PDGE durante el
pasado año sugirieron que seguían existiendo tales prácticas.
El gobierno sobornó, según se informa, a miembros de
la oposición.
Durante el pasado año, el Gobierno trasladó durante periodos
concretos al cuerpo ejecutivo desde Malabo a Bata en un
esfuerzo por acentuar su presencia en el continente. Se
trasladaron los ministros y los funcionarios de mayor grado, pero seguía existiendo una infraestructura burocrática en
Malabo.
Obligaron a altos funcionarios del gobierno a declarar sus
activos personales ante una Comisión nacional para el Ética;
sin embargo, la corrupción oficial en todas los ramas
del gobierno seguía siendo un problema significativo.
Han acusado al Presidente Obiang de enriquecer a sus
familiares y amigos con los beneficios obtenidos de la
explotación petrolera. El
15 de julio, una extensa investigación llevada a cabo por el
poder legislativo de
un país extranjero puso al descubierto la malversación
llevada a cabo por el Presidente Obiang de al menos 35
millones de dólares, procedentes de beneficios de compañías
petroleras extranjeras, con cuentas bancarias en el extranjero
creadas desde que
el país comenzó a exportar petróleo a mediados de los años
90. El informe
indicaba que en muchos casos el dinero se ingresó en
cuentas controladas personalmente por el presidente y
personas cercanas a él.
En respuesta al informe del 15 julio, el Gobierno
publicó un informe que quería refutarlas las acusaciones de
malversación.
La ley no contempla el acceso a la información gubernamental
y en la práctica, es muy difícil que los ciudadanos tengan
acceso a dicha información debido a que no se mantienen
registros y archivos organizados.
Hay 20 mujeres en el Parlamento sobre 100 miembros y 5 mujeres
en el gabinete de
50 miembros. El
Primer Ministro era miembro del grupo de la minoría bubi.
Sección
4 Respecto a la
investigación internacional y no gubernamental de violaciones
perpetradas contra los derechos humanos.
No existen ONG’s nacionales eficientes.
La ley limita las actividades de las ONG’s e
identifica las áreas específicas en las cuales pueden
funcionar; los
derechos humanos no se encuentran entre estas áreas.
El Gobierno controla la Comisión Nacional para los Derechos
Humanos (CNDH) que opera sin la adecuada financiación y sin
personal cualificado. La
presidencia designa a los miembros del CNDH, y el CNDH se
abstiene de criticar al gobierno.
Durante la segunda mitad del año, el CNDH, en
cooperación con las agencias de la ONU., copatrocinó algunos
seminarios de derechos humanos referentes a mujeres, niños, y
a presos.
No hay ONG’s internacionales de derechos humanos con sede en
el país; sin
embargo, existen muestras de la mejora en las relaciones entre
algunas organizaciones internacionales y el gobierno. Por
ejemplo, el gobierno permitió que UNICEF y PNUD, participasen
cada vez más en las áreas de tráfico en personas, la
protección del niño, y el desarrollo económico.
Los Servicios Católicos de Ayuda (CRS), que operan desde de
Camerún, centran su programación en actividades relativas a
la salud, se han mostrado preocupados por la seguridad de su
personal y sus colaboradores. CRS, Reporteros sin Frontera y
otras ONGs que visitan Malabo siguen formulando críticas
contra el gobierno guineano y afirman que se han seguido sus
movimientos, se han pinchado sus teléfonos, e-mails, y faxes.
Sección
5, discriminación, abuso social y tráfico de personas.
La Constitución prohíbe toda forma de discriminación;
sin embargo, la discriminación gubernamental y social
contra mujeres y minorías étnicas continúa.
Mujeres
La violencia doméstica y social contra las mujeres, y
particularmente las palizas dentro del matrimonio, son
habituales. Golpear
en público a las esposas fue prohibido por decreto del
gobierno; sin embargo, la violencia doméstica suele ser
tolerada. El
Gobierno no procesa a los culpables de violencia doméstica, a
excepción de un caso en el que un funcionario gubernamental
que disparó y mató a su esposa.
La prostitución es ilegal;
sin embargo, la afluencia masiva de hombres extranjeros
ligados al sector del petróleo contribuye a un aumento de la
prostitución. La
policía arresta a las prostitutas pero permite que sus
clientes se marchen libremente.
Aunque la Constitución contempla la igualdad de derechos, la
mujer ejerce un rol tradicional, especialmente en la
agricultura. La poligamia, que está muy extendida, contribuye
al papel secundario de las mujeres, que tienen posibilidades
educativas muy limitadas.
No hay discriminación contra mujeres a la hora de heredar o
en las leyes sobre la familia; sin embargo, en las culturas fang, ndowe y bisio,
domina la práctica del primogénito.
Dado que las mujeres pasan a ser miembros de la familia
de su marido después del matrimonio, generalmente no poseen
derechos sobre la herencia.
Cuando el marido muere, la viuda permanece con la
familia de su marido en una posición marginada, o devuelve la
dote y se marcha sin nada.
En un 90 por ciento de las mujeres, exceptuando a las
pertenecientes de la etnia Bubi,
la tradición dicta que si se disuelve un matrimonio,
la esposa (o su padre o hermano) debe devolver la dote dada
por la familia del novio a la hora de producirse la unión. La tradición también dicta que si la familia de una
muchacha acepta una dote de un hombre, debe casarse con él,
sin que importen sus deseos.
Si no se lleva a cabo dicha unión, la tradición
obliga a la familia a devolver la dote, y no hacerlo puede dar
lugar al encarcelamiento de la novia o de un miembro de su
familia. La ley
protege a las mujeres contra el encarcelamiento por no
compensar la dote después del divorcio; sin embargo, en la práctica,
muchas mujeres divorciadas debieron hacer frente a una fuerte
presión por parte de la familia del marido.
Si una unión se disuelve, el marido recibe automáticamente
la custodia de todos los hijos
nacidos después de la unión, mientras que la esposa
mantiene la custodia de todos los que pudiera haber tenido
antes.
Según la ley, las mujeres tienen derecho a comprar y vender
mercancías; sin embargo, en la práctica, la sociedad
machista permite a muy pocas mujeres acceder a fondos
suficientes para comprar un pequeño terreno o un hogar
modesto.
Los
niños
El Gobierno presta muy poca atención a los derechos
al bienestar de los niños y tiene pocas políticas
relacionadas con esta área de los derechos humanos.
En septiembre, el parlamento aprobó una ley contra el
tráfico de personas, centrada casi exclusivamente en el tráfico
infantil; sin embargo, no se legisló ninguna otra medida para
el bienestar de los niños.
La educación es obligatoria a través de la escuela primaria,
pero la ley no se hace cumplir.
En la práctica, se espera que los muchachos completen
su educación con otros 7 años en la escuela secundaria o que
acaben un programa del estudio vocacional que sigue a la
educación primaria. Para
las niñas, el embarazo y la obligación de realizar el
trabajo agrícola u otro hacen imposible alcanzar este tipo de
educación. Muchas
familias rurales no pueden afrontar los gastos escolares y de
libros para los niños de más de 10 años de edad.
Un informe de UNICEF observó que la asistencia a la
escuela primaria en el periodo entre 1992 y 2002 era de un 60
por ciento de niños y un 61 por ciento para las niñas; sin
embargo, la matriculación en la escuela secundaria era mucho
más baja, particularmente entre
las niñas. De
1997 a 2000, la tasa de matriculación en la escuela
secundaria era del 43 por ciento de niños y del 19 por ciento
de niñas. Las
mujeres tienen, en términos generales,
una quinta parte del nivel de enseñanza de los
hombres. Durante
el año, se abrieron nuevas escuelas; sin embargo, carecían
de materiales básicos, tales como libros y pupitres.
El Gobierno cooperó con un gobierno extranjero para
proporcionar libros de textos a todas las escuelas.
Los profesores podían ser asignados por el Gobierno y
a menudo carecían de cualquiertipo de experiencia.
Los niños tienen una salud precaria y una alta tasa de
mortalidad. El
presupuesto público del 2005, aprobado por el Parlamento en
septiembre, designa mayores gastos destinados a la educación.
La prostitución infantil existe pero no está muy extendida.
El trafico de niños, aún así continua siendo un
problema (véase sección 5, tráfico de personas).
Según un estudio de UNICEF del 2001 sobre el trabajo
infantil, la información más reciente disponible, el trabajo
infantil se centra en el desempeño de actividades de mano de
obra, son peones y vendedores en el mercado de los negocios
familiares (véase la sección 6.d.).
Además, durante el año, vieron la luz informes sin
confirmar sobre niños de otros países obligados a trabajar
como vendedores en el mercado por personas que no eran
familiares suyos y que no tenían acceso a ningún educación.
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